Privatización de AySA: el Gobierno abre sobres técnicos bajo una cautelar que limita la concesión

El Ejecutivo abrió este martes la primera etapa formal de la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos, la compañía que abastece de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. La cita de las 10 no define todavía ni el comprador ni el precio: se trata de la apertura de sobres técnicos, el filtro previo a la puja económica.

El proceso llega con un condicionante judicial. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense y rechazó la apelación de la empresa. El fallo obliga a abstenerse de modificar, limitar o desnaturalizar obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la prestación del servicio, hasta tanto se complete una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional. El expediente de fondo fue derivado a la Justicia federal.

Este martes el Gobierno abrió los sobres técnicos de la licitación por el 90% de AySA, en medio de una cautelar bonaerense que congela obligaciones de servicio. La etapa no define comprador ni precio; sí arranca el filtro previo a la oferta económica.

Desde la compañía y el Gobierno sostienen que la cautelar no suspende la licitación mientras no se concrete el traspaso efectivo a un nuevo operador. La Defensoría, en cambio, advierte que una privatización sin el sostén de las obligaciones actuales podría trasladar pasivos ambientales y riesgos sanitarios a la Provincia, a los municipios o a los usuarios.

Qué se abre hoy y qué viene después

El Pliego Único de Bases y Condiciones, de 62 páginas, organiza una licitación de etapa múltiple. En la primera instancia, la Comisión de Evaluación revisa requisitos legales, técnicos, económicos y financieros. Solo quienes superen ese filtro pasan a la segunda etapa, donde se abren las ofertas económicas. El criterio de adjudicación es el mayor precio en dólares. Si entre la mejor oferta y las siguientes la diferencia es igual o menor al 5%, se declara empate técnico y se pide una mejora en un día hábil, reiterable.

No hay precio base público. Sí existe una tasación de referencia con un rango de sensibilidad: si la oferta cae por debajo del mínimo, puede considerarse inconveniente. El Ejecutivo proyecta recaudar cerca de 500 millones de dólares por la venta del 90% de las acciones; el 10% restante permanecería en manos de los trabajadores. La concesión prevista es por 30 años, con posibilidad de extensión.

Barreras altas para los oferentes

El pliego achica el universo de postulantes. El operador técnico debe acreditar al menos cinco años de experiencia, dentro de la última década, en agua y cloacas en un centro urbano de al menos 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios. En lo financiero, se exige haber participado en financiamientos de infraestructura o servicios públicos por un acumulado no inferior a 150 millones de dólares en diez años, y un patrimonio neto consolidado de al menos 300 millones de dólares. Para fondos y consorcios, el umbral sube a 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

Quedan fuera empresas controladas por Estados extranjeros y firmas sancionadas por organismos internacionales o por el registro laboral argentino. Entre los interesados que circularon en la etapa de consultas figuran operadores locales con socios internacionales; algunas compañías extranjeras quedaron condicionadas por el clima diplomático regional o por la cláusula que veta control estatal foráneo.

El fondo político y el servicio

AySA es una de las privatizaciones emblemáticas habilitadas por la Ley Bases. El calendario original apuntaba a agosto y se postergó a pedido de las propias empresas interesadas. Abrir sobres técnicos con una cautelar vigente no cierra el debate: fija el tablero. De un lado, el Ejecutivo busca cerrar la operación y sumar dólares. Del otro, la Justicia bonaerense y la Defensoría marcan un límite: el servicio no puede relajarse mientras dure el litigio de fondo.

Para los 14 millones de usuarios, lo que importa no es el nombre del ganador de la primera etapa, sino si el nuevo esquema preserva calidad, obras e inversión. La puja económica vendrá después. Hoy solo empieza el filtro.