Privatización de AySA: Roggio y Filiberti compiten; solo dos consorcios quedaron en carrera

El Ministerio de Economía abrió este martes las ofertas técnicas para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos y la carrera quedó reducida a dos consorcios argentinos. De un proceso que había reunido hasta diecisiete interesados, solo dos grupos presentaron sobres y pasarán a la etapa de evaluación. En juego está el control operativo de la empresa que provee agua potable y cloacas a unos 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El primero es el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX. Allí confluyen la constructora Rowing, de Walter Román; Transclor, del empresario Mauricio Filiberti —mayor proveedor de cloro de la compañía y socio en otros negocios de servicios públicos—; el fondo neerlandés PHX; y la brasileña Arcos Saneamento, que opera en Río de Janeiro. El segundo oferente es el grupo liderado por Roggio ROAS, con asistencia técnica de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni, y socios locales del universo Roggio. Aldo Roggio ya opera agua en Córdoba a través de Aguas Cordobesas y tiene presencia en transporte urbano porteño.

Economía abrió las ofertas técnicas para privatizar alrededor del 90% de AySA. Quedaron dos consorcios: uno con Rowing, Arcos, Transclor y PHX (órbita Filiberti/Román) y otro liderado por Roggio. El Gobierno estima recaudar cerca de USD 500 millones.

La estructura societaria que busca el Gobierno apunta a privatizar alrededor del 90% del paquete. Una primera etapa contempla la transferencia de la mayoría accionaria estatal al concesionario privado; más adelante se prevé una oferta pública para colocar un tramo adicional en el mercado, y el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores bajo un esquema de propiedad participada. El contrato de concesión se pensó a 30 años, con opción de prórroga por hasta una década.

En Hacienda estiman que la operación puede recaudar en torno a 450 a 500 millones de dólares. El ministro Luis Caputo celebró el hito y subrayó que el futuro operador deberá cumplir obligaciones de inversión de más de 2.000 millones de dólares en los primeros cinco años, orientadas a expandir redes y mejorar la calidad del servicio. Versiones del pliego también hablan de un plan de obras de largo plazo mucho más ambicioso a lo largo de toda la concesión.

El esquema tarifario del primer ciclo de cinco años mantiene, en términos reales, el nivel vigente al momento de la presentación: es decir, los cuadros pueden seguir actualizándose con la inflación. Caputo enmarcó el traspaso como menos costo fiscal y más obras a cargo del privado. Para el Ejecutivo, AySA es una de las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases y forma parte del plan de caja frente a vencimientos de deuda.

Quedaron en el camino jugadores que habían sonado fuerte. La francesa Veolia no presentó oferta. Mekorot no entra como accionista —quedó alcanzada por la cláusula que limita empresas controladas por Estados soberanos—, aunque aporta asistencia técnica al lado de Roggio. Tampoco avanzó Sabesp ni otros interesados que pidieron más tiempo cuando la apertura se postergó desde fines de agosto.

Ahora la comisión evaluadora revisará el cumplimiento técnico del pliego. Solo quienes aprueben esa instancia quedarán habilitados a presentar oferta económica, y ganará quien ofrezca el mayor número. Hasta entonces no hay precio cerrado ni ganador. Lo que sí quedó claro este martes es el mapa político-empresario del agua en el AMBA: dos grupos nacionales con espalda en servicios públicos pelean por una empresa crítica, con inversión forzada, tarifa indexada y una recaudación que el Gobierno ya contabiliza en su hoja de ruta fiscal.

Para los usuarios, el cambio de dueño no es abstracto. AySA concentra redes, obras y facturas en municipios densos del conurbano y en la Ciudad. Quien gane heredará no solo activos, sino la presión cotidiana por cobertura, calidad y precio. La próxima estación es técnica; la definitiva, el sobre económico.