Los rectores sesionan en Plaza de Mayo mientras el Gobierno apela el fallo que ordena aplicar la ley universitaria

Los rectores de las universidades nacionales sacan este miércoles su reunión mensual a la calle. El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las autoridades de 60 casas de estudio, sesionará a las 14.30 en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para exigir que el Poder Ejecutivo aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta llega después de que el Gobierno decidiera no acatar el fallo que le ordenó cumplir la norma: apeló la sentencia y apuesta a estirar la discusión en tribunales.

En un comunicado, los rectores explicaron que la sesión a cielo abierto busca "reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento". Desde la plaza, además, convocarán a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre a las 13.30 frente al Congreso.

El Consejo Interuniversitario Nacional traslada su reunión a Plaza de Mayo para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el juez Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto que la frenaba. La Casa Rosada apeló y las universidades marchan al Congreso el 15 de octubre.

El fallo y la apelación

El detonante fue la sentencia del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 con la que el Gobierno había promulgado la ley pero congelado su ejecución "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629", el artículo que exige que toda norma que genere gastos prevea su financiamiento. El magistrado hizo lugar a los amparos del CIN, de universidades y docentes, y de la UBA, calificó el mecanismo de "extraconstitucional" y ordenó dictar las normas necesarias para el "cumplimiento inmediato" de la ley.

Para el juez, la propia norma ya trae las herramientas para financiarse: su artículo 9 habilita a adecuar partidas y a usar los ingresos que superen lo presupuestado, sin tocar la coparticipación. También recordó que el país funcionó en 2024 y 2025 con el presupuesto 2023 prorrogado, y que según la Oficina de Presupuesto del Congreso el costo de la ley equivalía a cerca del 0,23% del PBI.

En la Casa Rosada la respuesta fue inmediata. La estrategia oficial pasa por apelar cada resolución judicial mientras se estudian otras vías para no afrontar de golpe el gasto. El argumento sigue siendo el mismo: el Congreso aprobó una erogación sin precisar de dónde saldrían los fondos.

Salarios, becas y paritarias

La pelea de fondo convive con otra que ya tiene resolución firme. En diciembre de 2025, Cormick dictó una cautelar que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley —recomposición de salarios docentes y no docentes y actualización de becas—, que fue confirmada por la Cámara y quedó firme en junio, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso del Estado.

El Gobierno sostiene que cumplió con el acta paritaria del 10 de junio, firmada con el CIN y los gremios, que fijó una recomposición acumulada del 24,33%, un 20% más para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para los hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano. También argumentó que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 llegaron al 226,8%, por encima de la inflación que toma como referencia. El juez no lo aceptó: el 30 de septiembre volvió a darle cinco días para cumplir, bajo apercibimiento de multas, y dio por acreditado solo un cumplimiento parcial.

Desde la Asociación de Docentes de la UBA, su secretario general, Emiliano Cagnacci, acusó al Ejecutivo de "desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo". "Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata", sostuvo.

La pulseada del Presupuesto 2027

El conflicto se traslada ahora al Congreso, donde empieza la discusión de las partidas del año próximo. El proyecto del Ejecutivo asigna alrededor de $7,3 billones a las universidades nacionales, mientras que el CIN reclama cerca de $11 billones para sostener el sistema en 2027. Según los gremios, la propuesta oficial equivale al 0,53% del PBI, el nivel más bajo desde 2001.

La marcha del 15 de octubre coincidirá con una sesión especial impulsada por bloques opositores en Diputados. Hasta entonces, los rectores buscan dejar una imagen nítida frente a la Casa de Gobierno: una ley vigente, un fallo que ordena cumplirla y un Gobierno que eligió seguir litigando.