Malvinas: Rockhopper desafía las sanciones y paga US$44 millones por parte de una segunda plataforma para Sea Lion

La petrolera británica Rockhopper Exploration anunció este miércoles que firmó la compra del 35% de la sociedad dueña de la OSX-1, una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga de crudo con la que busca acelerar el proyecto Sea Lion, en aguas de las Islas Malvinas. La operación, por US$44 millones, se concreta en abierto desafío a las sanciones que el gobierno de Javier Milei impuso el mes pasado contra las empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina.

La sociedad en cuestión, SPV, es una firma de reciente constitución cuyo único activo es la OSX-1, una unidad valuada en US$125 millones. Esa es la suma que Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum, dueña del 65% de Sea Lion y operadora del proyecto, destinaron en total para fondearla. La británica pondrá los US$44 millones de su caja y, según lo que informó públicamente, gastará cerca de US$1,4 millones por año para sostener su tenencia.

La petrolera británica firmó la compra del 35% de la sociedad dueña de la plataforma flotante OSX-1 para acelerar Sea Lion, en aguas de las Islas Malvinas. Lo hace en desafío a las sanciones argentinas, mientras el proyecto pierde contratistas y sus acciones se desploman.

El plan de las socias prevé una inversión de US$1.800 millones hasta el primer petróleo, previsto para marzo de 2028, y otros US$2.100 millones para el resto de una explotación proyectada a 30 años. El desarrollo será por etapas: primero el Área de Desarrollo Norte y después el Área de Desarrollo Central, donde trabajará la OSX-1. El yacimiento está a unos 220 kilómetros al norte de las islas y fue el primero descubierto en esas aguas, en 2010.

Sobre los volúmenes, las cifras no coinciden. Según una versión, con la nueva unidad las empresas apuntan a llegar a 180.000 barriles diarios a fines de 2030. Otros reportes hablan de una producción inicial de 55.000 barriles diarios desde 2028, con un primer buque alquilado, y de unos 125.000 barriles diarios con la OSX-1 a partir de 2030.

Ese primer buque, el Aoka Mizu, pertenece a la neerlandesa Bluewater Energy Services, que está en proceso de sanción por parte del Gobierno y que se está reacondicionando en un astillero de Singapur. Bluewater es, además, la firma que fabricó las monoboyas que llegaron esta semana a Río Negro para el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

La compra llega en un momento delicado para Sea Lion. El lunes, Rockhopper y Navitas informaron en un comunicado que trabajan para sustituir a "dos contratistas que han incumplido sus obligaciones", sin dar sus nombres. Aunque no hubo confirmación oficial ni de las compañías, trascendió que uno de ellos sería Halliburton, que según la Oficina del Presidente ratificó el 2 de octubre que ninguna de sus filiales trabajará en las islas.

Ese mismo lunes 5 de octubre, la acción de Rockhopper se hundió cerca de 15% en la Bolsa de Londres. Desde el 3 de septiembre, cuando Milei anunció el endurecimiento de las medidas, acumula una baja cercana al 34%.

Pese al golpe, la empresa insiste en que el calendario sigue en pie. La semana pasada, al presentar los resultados del primer semestre ante inversores, los ejecutivos de Rockhopper encabezados por Samuel Moody sostuvieron que "no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, incluido su cronograma de ejecución". Navitas, en cambio, admitió como riesgo que los reemplazos se demoren o que otras compañías decidan retirarse.

La Argentina, que reclama la soberanía de las islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833, demandó a las dos petroleras y a sus accionistas con el argumento de que el gobierno isleño les otorgó los permisos "de forma ilegal y unilateral". La Cancillería, además, abrió procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas vinculadas con la actividad hidrocarburífera en la zona.

El anuncio se conoce mientras el Gobierno se prepara para pedir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales que frenen Sea Lion cuando venza el plazo de dos semanas que le dio a Londres, como contamos ayer.

Lo que sigue es la respuesta oficial a la compra, la búsqueda de reemplazos para los contratistas que se fueron y la presentación en Hamburgo. En el Congreso, en tanto, espera tratamiento el proyecto que amplía las sanciones a empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación en las islas, que el Ejecutivo envió a Diputados el 17 de septiembre.