Rutas: el Gobierno firmó la toma de posesión de ocho corredores y ya son privados más de 9.000 kilómetros

El Gobierno dio este martes el último paso formal para dejar en manos privadas otros 3.900 kilómetros de rutas nacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la firma de los contratos de toma de posesión de los ocho tramos que integran la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que la gestión de Javier Milei viene desarmando a la estatal Corredores Viales.

"Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina", escribió el ministro en sus redes. Y fue más allá: aseguró que a partir de este miércoles estarán en obra los más de 9.000 kilómetros que ya pasaron al sector privado en las distintas etapas del programa, "con un nuevo modelo basado en inversión, eficiencia y gestión privada". Cerró con una promesa: "Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece".

Caputo anunció la firma de los contratos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones: 3.900 kilómetros en once provincias pasan a manos privadas por 20 años, y el peaje recién podrá cobrarse cuando las rutas estén en condiciones.

Veinte años de concesión

La firma llega mes y medio después de la adjudicación, que se formalizó con la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 24 de agosto. Los contratos corren por 20 años y abarcan la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de la atención a los usuarios. Las concesionarias también podrán desarrollar actividades complementarias que les generen ingresos extra. Todo funciona bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 27.742, que declaró a Corredores Viales sujeta a privatización.

El mapa de los ocho tramos

Los corredores atraviesan once provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Así quedó el reparto:

• Centro: 682 kilómetros de las rutas 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba, para el consorcio de AFEMA, Pablo Federico e Hijos y Guido Mogetta.

• Centro Norte: 536 kilómetros de la ruta 34, en Santa Fe y Santiago del Estero, para José Cartellone Construcciones Civiles.

• Noroeste: 597 kilómetros de las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, para Autovía Construcciones y Servicios, VAPEU y Guigivan.

• Litoral: 547 kilómetros de las rutas 12 y 16, en Corrientes y Chaco, para JCR y Néstor Julio Guerechet.

• Noreste: 456 kilómetros de las rutas 12 y 105, en Corrientes y Misiones, para Carlos E. Enríquez y Hormi.

• Chaco–Santa Fe: 497 kilómetros de la ruta 11, para José Eleuterio Pitón, Rovial y Obring.

• Mesopotámico: 276 kilómetros de las rutas 12 y 18, en Entre Ríos, para IEB Construcciones y Trading MRG.

• Cuyo: 329 kilómetros de la ruta 7, en Mendoza, para Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur.

Primero la obra, después el peaje

Según los lineamientos de Vialidad Nacional, el programa se apoya en inversión cien por ciento privada para rehabilitar la red, mejorar la seguridad y bajar los costos logísticos de corredores clave para la producción, con salida a puertos y pasos fronterizos. El organismo quedará como auditor: controlará el cumplimiento de los contratos a través de indicadores de desempeño y niveles de servicio.

El punto que más les importa a los usuarios está atado a esa lógica. Las concesionarias no podrán aplicar la tarifa de peaje que ofertaron hasta que las rutas alcancen condiciones de transitabilidad óptima, y las actualizaciones posteriores se calcularán con índices oficiales. Además, se incorporarán de manera progresiva el TelePASE y los sistemas de cobro electrónico sin barreras, conocidos como free flow, para agilizar la circulación.

La foto de fondo es la de un Estado que se corre de la obra vial: la Casa Rosada concentra su rol en regular y controlar, mientras busca que las empresas pongan el capital para mantener y mejorar las rutas. El anuncio coincide con otra señal en la misma dirección: el Gobierno amplió en $221.119 millones la emisión de deuda destinada a cancelar obligaciones con contratistas de obra pública. La prueba de fuego llegará cuando los conductores empiecen a pagar y puedan comparar el peaje con el estado del asfalto.