Santiago Caputo afirmó que "aproximadamente el 60%" de las pensiones por invalidez son irregulares

El asesor presidencial Santiago Caputo afirmó el viernes por la noche, en un posteo en la red social X, que "aproximadamente el 60%" de las pensiones por invalidez son irregulares. "Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas. Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política", escribió. El porcentaje es una afirmación del asesor: en lo publicado no figura ningún informe oficial ni auditoría que lo respalde.

En el mismo mensaje, Caputo apuntó contra el Poder Legislativo. "Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden DUPLICAR las pensiones existentes", sostuvo. También comparó la situación argentina con la de un país en conflicto armado: "Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra".

El asesor presidencial Santiago Caputo sostuvo el viernes en X que "aproximadamente el 60%" de las pensiones por invalidez son irregulares y acusó al Congreso de obstaculizar las bajas, una cifra que no respalda ningún dato oficial publicado. El mensaje llegó días después de que el Gobierno enviara al Congreso un proyecto contra el fraude en esas pensiones, mientras Diputados se prepara para tratar el dictamen oficialista sobre discapacidad.

Según el asesor, el volumen de beneficios que considera irregulares perjudica a quienes sí los necesitan. "Lógicamente, como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre", afirmó. Y cerró: "El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años".

Según datos que maneja el Gobierno, la cantidad de beneficiarios de pensiones por invalidez pasó de 76.000 en 2003 a 1.200.000 en 2023. Esas cifras muestran el crecimiento del padrón, pero no indican qué proporción de los beneficios sería irregular.

El posteo llegó pocos días después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que busca establecer mecanismos para "prevenir, detectar y sancionar el fraude" y revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La iniciativa prevé un reempadronamiento de todos los titulares, que deberán actualizar su información médica, personal y socioeconómica en un plazo de 90 días, prorrogable por un mes. Quienes no completen el trámite sufrirían la suspensión del pago y, si la situación persiste, la baja del beneficio. En los fundamentos, el Gobierno sostiene que el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad debe ser "proporcional a los recursos disponibles".

El mensaje de Caputo también se conoció después de que trascendiera una denuncia contra la exdiputada nacional Romina Uhrig. De acuerdo con lo difundido, Uhrig tiene un certificado de discapacidad emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno, que vencería en 2028. Se trata de una denuncia: la existencia del certificado, por sí sola, no prueba que haya habido una irregularidad en su emisión.

El proyecto sobre discapacidad que se discute en Diputados es del propio oficialismo. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza y sus aliados, propone reemplazar la emergencia en discapacidad por un régimen permanente. Según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese texto sumaría unos 200.000 nuevos titulares de pensiones, personas que tienen el Certificado Único de Discapacidad vigente pero hoy no cobran la prestación. El costo estimado es de $598.912 millones en 2027 (0,04% del PIB) y de $1.209.567 millones en 2028 (0,07% del PIB). La oposición, por su parte, impulsa prorrogar la emergencia vigente.

La discusión sobre discapacidad atraviesa al Gobierno desde que se conoció el Presupuesto 2027, cuyos cambios en el área fueron cuestionados por la oposición y revisados luego en la negociación con los aliados. El tema llegaría al recinto de Diputados el jueves 15. En lo publicado hasta el momento no hubo respuestas inmediatas de la oposición al posteo del asesor presidencial.