Bullrich hace cuentas en el Senado para destrabar el último lote de leyes del Ejecutivo

La Cámara alta entra en una semana casi sin actividad legislativa y el bloque oficialista aprovecha el respiro para rearmar el tablero. Después de tres sesiones en menos de un mes, la prioridad ya no es sumar proyectos al temario, sino destrabar el último lote que reclama el Ejecutivo antes de que el período ordinario se agote el 30 de noviembre.

En el centro de esa mochila aparece la reforma de la Ley General de Sociedades, impulsada desde Desregulación. El texto incorpora figuras como las sociedades automatizadas y las DAO —sociedades descentralizadas basadas en contratos inteligentes y blockchain—, pero el oficialismo ya aceptó que habrá cambios: debe quedar explícita la responsabilidad final de personas humanas como representantes, una exigencia que la propia jefa del bloque violeta planteó en comisiones y que reforzaron aliados.

Con una semana casi sin actividad, el oficialismo del Senado reordena números para destrabar Sociedades, Súper RIGI, salud mental y el mercado de carbono antes de que termine el período ordinario.

Más trabado está el Súper RIGI, el régimen de incentivos para inversiones a partir de mil millones de dólares que ya tiene media sanción de Diputados. Desde comienzos de mes el debate se enfrió. Legisladores dialoguistas piden endurecer la cláusula de “precio/calidad” para que no se privilegie siempre la importación de insumos, y algunos exigen que el valor local no supere en más de un 15% la oferta extranjera comparable. En despachos del oficialismo reconocen que, por ahora, “no aparece una diagonal” que lleve el texto al recinto; el Gobierno incluso evalúa quedarse con el RIGI vigente si el peaje político resulta demasiado alto.

Un tercer frente muestra más avance relativo: la ley de salud mental. No hay dictamen listo, pero conversaciones entre el oficialismo y otra bancada con varios votos se aceleraron. El Ejecutivo, sin embargo, dibujó una línea roja: no aceptará que los psicólogos decidan internaciones o medicación. Pueden integrar equipos, sostienen en Balcarce 50, pero el protocolo exige un médico psiquiatra. Representantes de varias provincias insisten en ampliar ese margen; la Casa Rosada ya dijo que no cederá.

También quedó afuera de la última sesión —con despacho firmado— el marco del mercado de huella de carbono, un reclamo de distritos que combina agenda ambiental con ingreso de divisas. A horas de esa sesión, una movida de senadores misioneros complicó el consenso: quienes en su momento dinamitaron Ficha Limpia buscan condicionar el consentimiento a proyectos que exige la normativa internacional.

El reloj del período ordinario marca el ritmo. Quedan dos meses de sesiones ordinarias y el oficialismo necesita cerrar leyes de inversión, sociedades, salud y carbono mientras negocia en paralelo Presupuesto, reforma electoral y otros expedientes sensibles. La calma de esta semana no es ocio: es cuenta de votos, ajuste de textos y búsqueda de diagonales con aliados que, en más de un plenario, ya mostraron que pueden quedar en el despacho si no ven respuestas.

Para el Ejecutivo, el costo de dilatar el Súper RIGI o la reforma societaria no es solo legislativo. Cada demora alimenta la sensación de que el Senado sigue siendo el cuello de botella del programa económico, justo cuando la Casa Rosada necesita mostrar avances concretos ante gobernadores, inversores y el propio calendario electoral. La jefa del bloque violeta deberá transformar la tregua semanal en despachos firmados; si no, el “último lote” puede seguir viajando de comisión en comisión hasta que el tiempo ordinario se agote.