Senado: el oficialismo consiguió quórum y busca convertir en ley Inocencia Fiscal II

El oficialismo abrió este jueves la sesión del Senado con el apoyo de bloques aliados y se propuso convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, la reforma tributaria que ya había obtenido media sanción en Diputados a fines de agosto. La convocatoria, resultado de varios días de negociaciones con la oposición dialoguista y con bancadas provinciales, también incorporó al temario un nuevo régimen de biocombustibles, el traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y pliegos judiciales demorados.

Según el registro de la jornada, el recinto reunió el quórum con 37 senadores. La Libertad Avanza, encabezada en la Cámara alta por Patricia Bullrich, resignó en cambio el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los aliados reclamaron ajustes sobre la elección del Directorio y el punto quedó fuera del orden del día.

Con quórum de 37 senadores, el oficialismo busca convertir en ley Inocencia Fiscal II y avanzar con biocombustibles. La reforma del Banco Central quedó postergada por pedidos de los aliados.

Qué cambia Inocencia Fiscal II

El texto, elaborado por el Poder Ejecutivo, apunta a bajar exigencias informativas, dar más previsibilidad frente a controles y permitir regularizar inconsistencias tributarias sin perder beneficios. Uno de los ejes centrales es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen simplificado de Ganancias. Con la normativa vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a 1.000 millones de pesos o un patrimonio de más de 10.000 millones en alguno de los últimos tres años. Si la reforma se aprueba, ese universo podría incorporarse, aunque con matices: los grandes contribuyentes accederían al régimen simplificado, pero no necesariamente a todos los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.

También se redefine la llamada "discrepancia significativa" entre lo declarado y lo que detecta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo solo podría objetar declaraciones cuando identifique diferencias relevantes y fundadas, con un criterio atado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. El proyecto fija, además, un piso: si la diferencia es del 15% o más pero no supera los 5 millones de pesos, dejaría de configurarse como discrepancia significativa. Cuando el monto sí supera ese umbral, el contribuyente tendría 15 días desde la notificación para aceptar la liquidación, pagar y conservar beneficios.

Otro tramo sensible es la exclusión total de los funcionarios públicos de las presunciones del régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad en los cinco años previos a la adhesión, y a quienes los ejerzan después, en los tres poderes y en organismos de control. Esa cláusula surgió de las negociaciones con los bloques dialoguistas antes de la media sanción en Diputados, donde el proyecto pasó por 139 votos a favor y 110 en contra.

El debate político y el reloj de 2027

Para el Gobierno, la norma busca un vínculo menos sancionatorio entre el fisco y los contribuyentes e incentivar el ingreso de fondos al circuito formal. Estimaciones oficiales ubican en torno a 170.000 millones de dólares el volumen fuera del sistema financiero. La reforma fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, el último día del mandato presidencial en curso.

Sus críticos, en cambio, sostienen que el esquema funciona como un blanqueo encubierto, con ventajas amplias para sectores de mayor capacidad económica y un eventual costo sobre la recaudación. El debate se da en paralelo a la presión del peronismo, que reclamó la presencia del jefe de Gabinete ante el Senado para el informe mensual previsto por el artículo 101 de la Constitución, ausente desde hace meses.

Biocombustibles y pliegos en la misma sesión

Junto a Inocencia Fiscal, el oficialismo impulsó un nuevo régimen de biocombustibles negociado con provincias del noroeste. El texto eleva el corte obligatorio de bioetanol en naftas del 12% al 15% y prevé llevar el de biodiésel en gasoil del 7,5% al 10% tras un período de transición, con topes a la concentración empresaria y cupos para pymes no integradas que decrecerían hasta 2036. Varios senadores del centro del país y de la UCR resistieron el proyecto; el oficialismo decidió igual avanzar con el dictamen de comisiones.

Completan la agenda los pliegos de Alejandro Catania y Javier Galván Greenway para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico —congelados casi cuatro meses por la Casa Rosada— y el de Juan Manuel Mejuto, además de convenios sobre justicia penal juvenil con la Ciudad. Si el Senado aprueba Inocencia Fiscal II sin cambios, la iniciativa quedará sancionada como ley.