Senado: pelea por el Consejo de la Magistratura y Villarruel como fiel de la balanza

La renovación del Consejo de la Magistratura vuelve a colocar al Senado en el centro de una pulseada de alto voltaje. En juego no están solo nombres: están dos de las cuatro bancas que la Cámara alta envía al organismo que selecciona, controla y eventualmente sanciona a jueces federales y nacionales, en un momento en que el Ejecutivo busca completar más de 300 vacantes heredadas.

La aritmética es engañosa. La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich al frente de la bancada, y el bloque justicialista que conduce José Mayans empatan en 21 senadores. Ambos reclaman la condición de primera minoría —y con ella el derecho a ocupar dos de las cuatro sillas. El peronismo suma, vía interbloque, a los santiagueños del Frente Cívico y a Justicia Social Federal, y llega a 25. El oficialismo responde que la ley habla de bloques, no de interbloques, y que esos números no alcanzan para desplazar el empate.

LLA y el bloque justicialista empatan en 21 senadores y se disputan dos de las cuatro bancas del Senado en el Consejo de la Magistratura. La vicepresidenta debe validar el decreto; el recambio arranca el 18 de noviembre.

En ese tablado aparece Victoria Villarruel. La vicepresidenta tiene la facultad de firmar el decreto parlamentario que valida las designaciones. Su rol, según las lecturas en los pasillos, puede ser decisivo si la pelea se judicializa o si el recinto debe desempatar. Hay quienes en el oficialismo prefieren definir nombres en una sesión sin ella —con Bartolomé Abdala en la presidencia provisional— si el Presidente está de viaje; en el otro extremo, el peronismo recuerda el antecedente de 2022, cuando la Corte anuló una ingeniería de bloques que había permitido al entonces oficialismo quedarse con la segunda minoría.

Ese precedente pesa. Tras el fallo que devolvió el Consejo a veinte miembros, el Frente de Todos se partió en dos bancadas para conservar mayoría y segunda minoría a la vez. El máximo tribunal habló de «ardid» y «manipulación» y habilitó la jura de un consejero opositor. Hoy el oficialismo tiene a Luis Juez como representante —luego migrado a la bancada libertaria— y el peronismo sostiene a Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, con interna propia por quién conserva el lugar.

La Casa Rosada mira el Consejo como pieza del control judicial. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trabaja la agenda de vacantes bajo la mirada de la Secretaría General y de los Menem. Completar el tablero federal exige no solo pliegos: exige influencia en el cuerpo que arma las ternas. Por eso Bullrich ya anticipó el reclamo de dos lugares («uno al peronismo y el cuarto a la UCR», según la contabilidad oficialista) y Mayans replica que su interbloque es la primera minoría real.

El mercado de pases ya se insinúa. Del lado justicialista se especula con absorber a Fernando Rejal o a los santiagueños, aunque Zamora pondría precio: un asiento para su espacio. Del lado libertario se menciona sumar al PRO —tres senadores que subirían a LLA a 24— o movimientos tácticos con radicales dialoguistas y con Camau Espínola. Cada incorporación altera el mapa de minorías y puede terminar, otra vez, bajo la lupa de la Corte.

El calendario aprieta. Todos los mandatos del Consejo vencen el 18 de noviembre, salvo el presidente de la Corte y el representante del Ejecutivo. Antes, el 8 de octubre votan los jueces y el 20 los abogados; Diputados también rediseña sus cuatro bancas, donde La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso y el peronismo pierde la dupla que aún refleja el Congreso anterior. El Senado, empatado, es el eslabón más litigioso.

Mientras tanto, la misma Cámara alta negocia esta semana una sesión para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Zona Fría: dos proyectos que también miden la capacidad de Bullrich de reunir quórum y votos. La pelea por el Consejo no es un capítulo separado: es el mismo tablero de alianzas, gobernadores y minorías que define si el oficialismo puede legislar y, a la vez, moldear quién juzga.

En síntesis, el Senado entra en una pulseada por dos bancas clave del Consejo de la Magistratura, con empate 21-21, Villarruel como firma potencial y un recambio general el 18 de noviembre. El botín es institucional: influir en la selección y el control de jueces cuando el Gobierno necesita llenar centenares de vacantes. La Corte ya advirtió, en 2022, que no tolera maniobras de bloques hechas a medida. Esta vez, la pelea se anticipa igual de áspera.