Nuevo estatuto de la SIDE: ingreso por curso, ascensos por mérito y reglas más estrictas

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles el Decreto 1021/2026, que aprueba un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La norma reemplaza el esquema que regulaba al área desde 2003 y fija reglas permanentes para el ingreso, la carrera, los ascensos, las remuneraciones, las incompatibilidades y el régimen disciplinario. Según el texto, el objetivo es ordenar la trayectoria de los agentes desde el ingreso hasta el retiro y construir un cuerpo profesional que no dependa de cada coyuntura política.

El decreto se publicó en el Boletín Oficial con fecha de firma del 15 de septiembre y aparece como la pieza laboral de una reorganización más amplia del Sistema de Inteligencia Nacional. En los considerandos, el Gobierno sostiene que la falta de un régimen estable dificultaba armar un plan de carrera y desalienta la incorporación de perfiles especializados. También afirma que el ingreso y la promoción deben responder a criterios técnicos, éticos y profesionales.

El Gobierno oficializó el Decreto 1021/2026, que crea un nuevo estatuto para el personal de la SIDE con ingreso por curso obligatorio, carrera en tres cuadros y ascensos ligados al mérito. La vigencia plena arranca el 1° de enero de 2027, con un régimen de transición para el personal actual.

La vigencia plena del nuevo régimen está fijada para el 1° de enero de 2027. Hasta entonces, la SIDE deberá aprobar un régimen de transición para computar servicios previos, reconocer antecedentes de formación y resolver trámites de ingreso, confirmación, ascenso o cambio de cuadro que estén en curso. Desde el Ejecutivo se aclaró que el personal actual no deberá reingresar ni empezar su carrera desde cero.

El ingreso quedará atado a una convocatoria anual al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia. Aprobar esa instancia será requisito para entrar a la carrera. Los aspirantes deberán ser argentinos, mayores de edad, acreditar al menos estudios secundarios, reunir aptitud psicofísica y superar controles de contrainteligencia, incluido el examen socioambiental. Quedan excluidos, entre otros, quienes tengan condenas o procesamientos firmes incompatibles con la función pública, inhabilitaciones, destituciones previas o litigios pendientes contra el organismo.

La contratación no nace con la postulación. Quienes aprueben el curso podrán pasar a una planta condicional por hasta un año. Recién al cierre de ese período la Secretaría decidirá si mantiene o corta el vínculo, y el acceso a la planta permanente dependerá de una confirmación adicional. No habrá derecho automático por solo cumplir etapas.

La carrera se organiza en tres cuadros según formación: el A, para títulos universitarios o superiores y ciertos retirados de Fuerzas Armadas o de seguridad; el B, para formación terciaria o intermedia; y el C, con secundario completo. Los ascensos ordinarios exigirán tiempo mínimo de permanencia, aptitud psicofísica, capacitación obligatoria y calificación favorable de desempeño. Las evaluaciones serán anuales, al menos para quienes acumulen más de seis meses de antigüedad. La antigüedad deja de ser el único criterio.

La Escuela Nacional de Inteligencia tendrá a cargo la formación común obligatoria y las instancias específicas por área. Podrá articular con universidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y otorgar becas. La capacitación reconocida podrá sumar puntaje para adelantar plazos de permanencia, pero no implica ascenso automático.

El estatuto refuerza obligaciones de secreto y confidencialidad, incluso después del cese. Los agentes deberán pedir autorización para dar clases, publicar, ejercer otras tareas externas o viajar al exterior, e informar alejamientos a más de 200 kilómetros de la sede con tres días de anticipación. También deberán constituir domicilio dentro de un radio de 200 kilómetros del lugar de trabajo, salvo excepciones que fije la Secretaría, e informar un correo electrónico especial para notificaciones.

Entre las prohibiciones figuran usar información del cargo en beneficio propio o de terceros, aceptar dádivas, contratar con administraciones públicas y prestar servicios a personas o empresas vinculadas a seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, vigilancia, periodismo, publicidad, encuestas o investigaciones. El porte de armas durante el servicio queda vedado, salvo condición de legítimo usuario.

En materia disciplinaria, los procedimientos correrán por la Inspectoría General de Inteligencia. Las sanciones van desde apercibimiento y retención de haberes hasta suspensión, cesantía y exoneración. El personal de planta permanente conserva estabilidad, remuneración según categoría, licencias, jubilación y mecanismos de reclamo. El diseño apunta, según el propio decreto, a un sistema profesional, transparente, autónomo y ágil, con reglas escritas que atraviesen los cambios de gobierno.