Soberanía Nacional: Ibarzábal Murphy defendió el proyecto en un plenario a los gritos y el oficialismo apura el dictamen

El Gobierno mandó a una de sus funcionarias de mayor confianza a defender en el Congreso el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, y la reunión volvió a transcurrir en un clima de tribuna. María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y señalada como la autora del texto, expuso este miércoles ante el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de Diputados, entre interrupciones, chicanas y reclamos de la oposición. El oficialismo quiere cerrar el debate el miércoles 14 y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre.

"Todo tiene que ver con Malvinas. Desvincular esta cuestión de la defensa integral de la soberanía nacional y la integridad territorial es un error conceptual", planteó la funcionaria, frente a la acusación opositora de usar la causa Malvinas como paraguas para una reforma más amplia de la defensa y la seguridad interior.

La secretaria Legal y Técnica defendió en Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, de 133 artículos, entre gritos y reclamos opositores. El oficialismo busca dictamen el miércoles 14 y llevarlo al recinto el 21 de octubre; el peronismo quiere tratar solo las sanciones por Malvinas.

Un proyecto de 133 artículos

De los 133 artículos, los primeros cuarenta endurecen el castigo a quienes exploten recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos sin autorización argentina: deroga la ley 26.659, extiende las sanciones más allá de los hidrocarburos y prevé penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y la prohibición de contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales. Los 93 restantes avanzan sobre vigilancia interior y crean un Sistema de Seguridad Nacional conducido por un Consejo que encabeza el Presidente, con atribuciones sobre defensa, inteligencia, economía e infraestructura crítica.

Ibarzábal Murphy habló de "un menú más grande de sanciones" porque la legislación vigente "no es suficiente" en "un mundo más peligroso". "Tenemos legislación que ha quedado obsoleta y creemos que hay que modernizarla", dijo. Como ejemplo citó las licencias petroleras del gobierno isleño: "El otorgamiento de estas licencias consolida un andamiaje jurídico que favorece a los ocupantes".

La secretaria también salió al cruce de las críticas sobre las sanciones previstas para quienes el Consejo considere culpables de "manipular la opinión pública": "No tiene nada que ver con el pleno ejercicio del derecho de la libertad de expresión". Definió esas herramientas como "realmente excepcionales" y anticipó que evalúan sumar una Comisión Bicameral para controlar el régimen sancionatorio.

El decorado y la pasión malvinera

La peronista Florencia Carignano marcó el tono: "Es poco creíble el ataque de la pasión malvinera que le agarró a Milei, que se declaró admirador de Margaret Thatcher", lanzó. Y ante el murmullo oficialista pidió: "A ver si se calla el decorado, hay como un cotorrerío que está molestando". La libertaria Laura Rodríguez Machado le contestó que la funcionaria la escuchaba "atentamente": "Que sus preguntas fueran concretas ayudaría mucho".

Unión por la Patria insiste en tratar solo el capítulo de sanciones y en encuadrar el texto en la resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la disputa de soberanía. Además, reclama la presencia del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti. "No nos importa votar en contra de este proyecto así como está y que nos tilden de anti Malvinas, porque no es cierto", anticipó un referente del bloque.

Los reparos no vienen solo del peronismo. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió que el Congreso participe en la integración y el control del Consejo de Seguridad, y Eduardo Falcone (MID) propuso exigir aval parlamentario para sostener las acciones militares que ese organismo ordene. El PRO ya anticipó su apoyo, pero los radicales y los bloques provinciales todavía no se pronunciaron ni pasaron por los debates.

El antecedente del martes

La tensión venía del día anterior. El martes, el plenario terminó abruptamente cuando el libertario entrerriano Beltrán Benedit, aludido por la oposición, reivindicó la visita que en julio de 2024 hizo junto a otros cinco diputados oficialistas a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz. "Visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados es una cuestión de fe", dijo, y negó que en el país haya condenados por genocidio. El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, abandonó la sala entre gritos y el presidente del plenario, el oficialista Carlos Zapata, le cortó el micrófono a su propio compañero de bancada y levantó la reunión.

A una semana del dictamen que busca el Gobierno, el clima en la comisión anticipa una sesión áspera.