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Malvinas

Malvinas: Stornelli imputa a directivos de Navitas y Rockhopper por el proyecto Sea Lion

El fiscal Carlos Stornelli imputó a directivos y accionistas de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por el proyecto Sea Lion en aguas próximas a Malvinas. Pidió ampliar la causa a colaboradores, documentación al Gobierno y cooperación penal con el Reino Unido.

"En el mar. Una de las plataformas que busca petróleo en Malvinas." (Clarín)

El fiscal federal Carlos Stornelli imputó este martes a directivos y accionistas de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas. El requerimiento de instrucción, presentado ante el juez Julián Ercolini, abre la etapa de investigación penal sobre personas físicas y jurídicas que, según la denuncia del Ejecutivo, operan sin autorización argentina en la Plataforma Continental.

El dictamen también pide indagar a terceros que pudieran colaborar con logística, asistencia o financiamiento. Fuentes judiciales señalan que algunos de los tipos penales en juego contemplan, en conjunto, penas de hasta 20 años de prisión, además de sanciones económicas. La eventual responsabilidad, aclaran, se determinará a lo largo de la instrucción.

El fiscal Carlos Stornelli imputó a directivos y accionistas de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por el proyecto Sea Lion en aguas próximas a Malvinas. Pidió ampliar la causa a colaboradores, documentación al Gobierno y cooperación penal con el Reino Unido.

Qué investiga la causa

Stornelli citó expresamente la denuncia formulada por el canciller Pablo Quirno. El objeto procesal es establecer si existieron actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin habilitación de la autoridad nacional, al menos desde 2012. En esa línea, el fiscal menciona antecedentes de Desire Petroleum Limited —antes Desire Petroleum Public Limited Company—, declarada ilegal por la Secretaría de Energía en 2012 e inhabilitada por veinte años en 2013.

Las conductas, según el requerimiento, podrían encuadrar en la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, que regula las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. El fiscal no descarta otras calificaciones: daño ambiental, infracciones aduaneras y lavado de activos. También solicitó al Gobierno toda la documentación respaldatoria de la denuncia presentada la semana pasada y avanzar en la identificación de accionistas y prestadores de servicios.

Cooperación con el Reino Unido

Como primera medida, Stornelli pidió librar un exhorto al Reino Unido para activar la cooperación penal internacional. El objetivo es obtener información societaria completa de Desire Petroleum y del grupo Rockhopper: integración de directorios desde 2012, representación legal y documentación sobre licencias hidrocarburíferas. También requirió, en la oportunidad procesal correspondiente, información bancaria vinculada a la explotación comercial y a las personas que hayan actuado en nombre o beneficio de esas empresas.

La denuncia original, firmada por Quirno y el procurador del Tesoro Sebastián Amerio, quedó radicada en Comodoro Py y apunta al esquema empresarial detrás de Sea Lion. El marco administrativo reciente incluye el Decreto 868/2026, que ordena el procedimiento de sanciones bajo la misma ley de 2011 y designa a Cancillería como autoridad de aplicación.

Qué cambia con la imputación

Hasta ahora el Gobierno había concentrado el frente en la denuncia penal y en el decreto administrativo. Con el dictamen de Stornelli, la causa pasa de una presentación política a una instrucción con sujetos concretos: directivos y accionistas de Navitas y Rockhopper, más el universo de colaboradores que el fiscal ordena mapear. Eso implica un trabajo de reconstrucción societaria, financiera y logística que puede extenderse meses y depender, en parte, de la respuesta británica al exhorto.

El dato político es la alineación entre Cancillería, el Tesoro y la fiscalía federal en una ofensiva que el Ejecutivo presenta como defensa de soberanía sobre recursos. El dato jurídico es más estrecho: probar, con prueba documental y cooperación internacional, que hubo exploración o explotación sin autorización argentina y atribuir responsabilidades a personas físicas identificables. De ese tramo dependerá si la causa avanza hacia medidas coercitivas o queda en una instrucción prolongada sin resultados inmediatos.

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