Sueños Compartidos: condenan a López y los Schoklender, absuelven a De Vido

El Tribunal Oral Federal N°5 condenó este lunes a José López, Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de más de 206 millones de pesos del programa de viviendas Sueños Compartidos, y absolvió al exministro de Planificación Julio De Vido. Las penas quedaron por debajo de los tres años y serán de cumplimiento condicional: nadie irá a prisión por este veredicto mientras la sentencia no quede firme.

López, exsecretario de Obras Públicas, recibió dos años y nueve meses de prisión en suspenso. La misma pena recayó sobre Fatala, exsubsecretario del área. Sergio Schoklender fue condenado a dos años y ocho meses; Pablo Schoklender, a dos años y cuatro meses. El tribunal los halló responsables, según el caso, como coautores o partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Los exfuncionarios también quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

El TOF 5 condenó a José López, Abel Fatala y a los hermanos Schoklender a penas en suspenso por el desvío de más de $206 millones de Sueños Compartidos, absolvió a Julio De Vido y ordenó el decomiso actualizable. Fundamentos el 13 de noviembre.

Junto con De Vido, el tribunal absolvió a otros cuatro imputados: los exfuncionarios santiagueños Daniel Nasif y Silvia Karina Nasif, y los exfuncionarios de Planificación Claudio Freidin y Carlos Castellano. El fallo lo firmaron los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con disidencias parciales. Los fundamentos se conocerán el 13 de noviembre. A partir de entonces las partes podrán recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La causa investigó el destino de los fondos que el Estado nacional giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través de convenios con el Ministerio de Planificación, para construir viviendas y centros de salud. La Fundación administró cerca de 748,7 millones de pesos; la acusación sostuvo que 206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a los entonces apoderados del programa. Las obras habían sido adjudicadas de manera directa, sin licitación.

El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera habían pedido seis años de prisión e inhabilitación para De Vido, López, Fatala y los Schoklender, y cuatro años para el resto. Las defensas reclamaron absoluciones y plantearon la prescripción. El veredicto se dictó al filo de ese plazo: este martes se cumplían seis años desde el último acto interruptivo válido. El tribunal rechazó los planteos de las defensas y mantuvo viva la acción penal.

El expediente nació en 2011, tras el conflicto entre los hermanos Schoklender y Hebe de Bonafini, y llegó a juicio oral recién el 4 de marzo de 2026, después de quince años de trámite. Bonafini estuvo procesada hasta su muerte, en noviembre de 2022, pero nunca llegó al banquillo. Sergio Schoklender fue el único acusado que usó sus últimas palabras el viernes previo; defendió la ejecución del programa y lanzó una referencia irónica a Cristina Kirchner. De Vido, López, Fatala y Pablo Schoklender no hablaron.

De Vido y López siguieron el veredicto por videoconferencia: el primero desde su domicilio en Zárate, donde cumple prisión domiciliaria por la tragedia de Once; el segundo desde Ezeiza, donde está alojado por la causa Vialidad. El tribunal también ordenó el decomiso de más de 206 millones de pesos, cifra que deberá actualizarse por inflación cuando la sentencia quede firme, con destino a programas de vivienda social.

El mismo tribunal, por mayoría, había absuelto en 2021 a Cristina Kirchner y al resto de los acusados en la causa Hotesur-Los Sauces, con los votos de Grünberg y Obligado y la disidencia de Paliotti; Casación revocó ese fallo y ordenó el juicio. Ese antecedente vuelve a poner el foco en la composición de la sala y en el recorrido que tendrá este veredicto en las instancias superiores.

Para el corto plazo, el escenario es claro: condenas simbólicas en términos de prisión efectiva, absolución del exministro más expuesto, decomiso pendiente de firmeza y una discusión de fondo que se abrirá recién en noviembre, cuando se publiquen los fundamentos. La causa que nació como emblema del desvío de fondos para vivienda social cierra su etapa oral sin cárcel nueva y con un mapa de responsabilidades más estrecho que el que había pedido la Fiscalía.