Sueños Compartidos: el tribunal define el veredicto contra De Vido, López y los Schoklender

El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py llegó a la recta final del juicio por el programa Sueños Compartidos. Tras seis meses de debate oral, los jueces deben definir si condenan a nueve acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de casas sociales. La Fiscalía federal y la Unidad de Información Financiera pidieron penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de 206 millones de pesos, cifra que reclaman actualizar por inflación cuando la sentencia quede firme.

Entre los principales imputados figuran el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que actuaron como apoderados del programa. También están acusados Abel Fatala y un grupo de funcionarios y operadores vinculados a las contrataciones: Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin. Para De Vido, López, Fatala y los Schoklender, el fiscal Diego Velasco solicitó seis años e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Para el resto, cuatro años.

El TOF 5 de Comodoro Py entra en la etapa decisiva del juicio por el desvío de fondos de viviendas sociales. La Fiscalía pide hasta seis años y decomiso de $206 millones; Sergio Schoklender habló antes del cierre.

Antes del cierre, Sergio Schoklender fue el único de los nueve que optó por decir unas últimas palabras. En tono irónico, disparó contra Cristina Fernández de Kirchner: dijo que no iba a afirmar, “como decía la loca”, que la historia lo iba a absolver. Defendió el programa como una obra pública “intachable” que habría cambiado la vida de miles de familias. De Vido y López, en cambio, guardaron silencio.

La causa reconstruye el circuito de dinero que el gobierno nacional giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para levantar viviendas. En ese período se transfirieron cerca de 900 millones de pesos. Según la acusación, unos 206 millones habrían sido desviados y parte de ese caudal terminó en empresas vinculadas a los Schoklender. Las obras se extendieron por la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. En varios puntos las casas nunca se terminaron y hubo trabajadores sin salarios ni aportes.

Para la Fiscalía existió un esquema coordinado entre funcionarios nacionales y los responsables del programa: contrataciones directas, control débil de la ejecución y un recorrido posterior del dinero que alimenta además un segundo tramo por lavado. Las defensas, en bloque, pidieron absolución. Uno de los ejes centrales de ese planteo es la prescripción: sostienen que el tiempo transcurrido impide una condena.

El tribunal deberá ahora pesar las pruebas, definir responsabilidades individuales y, si hay condena, fijar montos y destinos del decomiso. La Fiscalía pidió que los fondos recuperados vuelvan a programas de vivienda social. El expediente queda así en el punto más sensible de la cronología: del alegato al veredicto, con un lunes marcado en la agenda judicial y política.

El caso Sueños Compartidos vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre obra social, control estatal y memoria de la década kirchnerista. Comodoro Py concentra no solo una disputa penal: también una lectura política sobre cómo se gastó el dinero de las casas que nunca llegaron a todas las familias prometidas.