UdeSA: siete de cada diez están insatisfechos, mientras Milei estabiliza el 35% de aprobación

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, un dato de la Universidad de San Andrés (UdeSA) vuelve a poner presión sobre el relato oficial: el 70% de los encuestados se declara insatisfecho con la marcha general del país. Solo tres de cada diez dicen estar satisfechos. El número llega cuando el oficialismo intenta concentrar la agenda en Malvinas, el Presupuesto y la reforma política, y cuando la Casa Rosada necesita mostrar que la estabilización macroeconómica se traduce en humor social.

El relevamiento forma parte de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), dirigida por el investigador Diego Reynoso. En diálogo radial, el docente de UdeSA subrayó que el malestar convive con otro dato menos dramático para el Ejecutivo: un 35% aprueba la gestión de Javier Milei y ese piso dejó de caer en los últimos cuatro meses. “Desde hace cuatro meses que estamos así”, sintetizó. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, el Gobierno perdía alrededor de un punto de aprobación por mes; esa pendiente se frenó.

La ESPOP de UdeSA midió 70% de insatisfacción con la marcha del país y 35% de aprobación a Milei, estabilizada en los últimos cuatro meses. Salarios y empleo desplazan a la inflación como principal preocupación; Kicillof lidera preferencias opositoras.

La foto política, entonces, es dual. Hay un núcleo duro que se estabilizó y un país mayoritario que no compra la idea de que “vamos bien”. Esa tensión explica buena parte del clima legislativo de estas semanas: el oficialismo empuja reformas estructurales mientras la oposición recupera agenda social en el Congreso y los gobernadores miden cada voto.

El informe también marca un cambio de prioridades en la calle. La inflación ya no encabeza el ranking de preocupaciones. Después de las legislativas de 2025, y a medida que el índice de precios bajó, emergieron con más fuerza los salarios que no alcanzan y el miedo a perder el empleo. Reynoso lo describe como una nueva agenda de demandas: el Gobierno deberá demostrar si puede responder a esa agenda con la misma contundencia con la que atacó la espiral inflacionaria en los primeros dos años.

Ese giro importa porque redefine el tablero de cara a 2027. Mientras el oficialismo celebra la desaceleración de precios y pelea por números en el Congreso, la conversación cotidiana se mueve hacia poder adquisitivo y trabajo. En ese terreno, los datos duros de actividad, empleo formal y cierre de empresas pesan más que el relato de “batalla cultural”.

Sobre el mapa opositor, Reynoso ubica a Axel Kicillof como el dirigente con mayor preferencia entre quienes no acompañan al Gobierno. Del lado oficial, Milei y Patricia Bullrich concentran el respaldo de los simpatizantes. Cristina Fernández de Kirchner, por su situación judicial, no puede competir legalmente: eso deja a Kicillof ante el desafío de reunir un espacio todavía fragmentado y con adhesiones dispersas.

La encuesta no mide solo ánimo: mide tiempo. Con el calendario electoral anticipado y la Casa Rosada acelerando la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, el 70% de insatisfacción funciona como termómetro de gobernabilidad. Estabilizar el 35% de aprobación evita el derrumbe, pero no alcanza para traducir el ajuste en consenso social. El dato de UdeSA deja una pregunta abierta para el oficialismo: si la inflación ya no es el enemigo número uno, ¿quién responde por salarios y empleo?

En las próximas semanas, con el Congreso en ebullición y la oposición empujando emergencias sociales, ese termómetro va a pesar tanto como cualquier foto de gobernadores o cualquier anuncio de reforma electoral.