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Vialidad

Vialidad abre una segunda ronda de retiros voluntarios: pagos en hasta ocho cuotas y cinco años sin volver al Estado

Con la Resolución 1220/2026, la Dirección Nacional de Vialidad lanzó una nueva tanda de retiros tras las 609 salidas de enero. Paga hasta el 90% de un sueldo por año de antigüedad, en cuotas según el monto, y exige no volver al Estado nacional por cinco años.

"Continuar con la política de desregulación económica y reforma del Estado", fundamenta la resolución que abre la segunda tanda de retiros en Vialidad. (Página/12)

El Gobierno abrió una nueva ventana de salida para los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad. Con la Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo puso en marcha la segunda etapa de su Sistema de Retiro Voluntario, dirigida al personal de planta permanente y a los contratados por tiempo indeterminado que tengan más de un año de antigüedad. Las gratificaciones podrán pagarse en hasta ocho cuotas, según el monto, y quienes se vayan no podrán volver a trabajar para el Estado nacional durante cinco años.

La nueva convocatoria llega después de la primera tanda, lanzada a fines de enero con la Resolución 118/2026. Según reconoce la propia norma en sus considerandos, aquel llamado sumó 609 adhesiones sobre un estimado de 900 agentes. El objetivo declarado ahora es "continuar con la política de desregulación económica y reforma del Estado impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional". El procedimiento replica el de la etapa anterior: difusión del sistema, una instancia de consultas y, para quienes decidan adherir, la firma de un acuerdo de desvinculación en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Con la Resolución 1220/2026, la Dirección Nacional de Vialidad lanzó una nueva tanda de retiros tras las 609 salidas de enero. Paga hasta el 90% de un sueldo por año de antigüedad, en cuotas según el monto, y exige no volver al Estado nacional por cinco años.

Cuánto se cobra

El reglamento ofrece tres alternativas para calcular la llamada "gratificación extraordinaria de egreso", que toma como base el haber bruto remunerativo del mes anterior a su entrada en vigencia. La primera reconoce el 90% de un sueldo por cada año de antigüedad, o fracción mayor a tres meses, con un tope de 24 años. La segunda paga el 85% con el mismo límite, pero suma un monto por "cobertura asistencial" equivalente a doce meses de aportes y contribuciones a la obra social. La tercera está reservada a quienes tienen 64 años o más y no reúnen los aportes para jubilarse: aplica el 90% de la primera opción, aunque con un máximo de doce años computables.

Ese pago es independiente de la liquidación final, que incluye el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas. Lo que cambia es el ritmo de cobro. Hasta $10 millones, la gratificación se acredita en un solo pago; entre $10 y $20 millones, en tres cuotas mensuales; entre $20 y $30 millones, en cinco; y por encima de $30 millones, en ocho. La primera cuota llegará dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del convenio.

Quiénes quedan afuera

La resolución excluye a quienes tengan antecedentes penales por delitos contra la administración pública, a los que enfrenten sumarios que puedan terminar en cesantía o exoneración, a los intimados a iniciar el trámite jubilatorio, a los agentes en disponibilidad y a quienes tengan una renuncia pendiente de aceptación.

Hay dos condiciones que pesan especialmente. Los trabajadores con tutela sindical deben renunciar a su cargo gremial y a esa protección para poder postularse, y los que tengan juicios laborales contra el organismo deben desistir de ellos. A eso se suma la prohibición de reingresar al Sector Público Nacional, o de prestarle servicios, durante cinco años contados desde la baja: un plazo que se extiende más allá del actual mandato presidencial.

Un organismo cada vez más chico

La medida profundiza un achique que ya se ve en los números. Según los relevamientos del INDEC, la dotación de Vialidad pasó de 5.704 empleados en noviembre de 2023 a 4.191 en agosto de este año, una caída del 26,5%. En paralelo, el Gobierno avanza con el traspaso de rutas a las provincias y con la concesión por peaje de más de 9.000 kilómetros de corredores viales.

El Ejecutivo había ido más lejos: con el decreto 461/2025, dictado en uso de facultades delegadas, dispuso la disolución del organismo, pero esa decisión quedó suspendida por la Justicia. Desde entonces, la reducción avanza por otras vías, como los retiros, un mecanismo que también se aplicó en el INTA y en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) viene denunciando el vaciamiento de Vialidad y las condiciones de estos retiros, mientras el deterioro en el mantenimiento de las rutas nacionales se convirtió en un reclamo de gobernadores opositores y también de aliados. Para el Gobierno, en cambio, es parte de la reforma del Estado que el ministro Federico Sturzenegger exhibe como bandera: según informó días atrás, hasta agosto ya se habían desafectado 77.515 personas del Sector Público Nacional.

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