Zona Fría: 500 intendentes hablan de “golpe al bolsillo” y los aliados piden ley para el norte

Más de 500 intendentes salieron a cruzar la reforma del régimen de Zona Fría que el Senado convirtió en ley esta semana. La Federación Argentina de Municipios (FAM) denunció que la quita del descuento automático al gas es “un golpe directo al bolsillo de las familias” y anticipó que seguirá pelearlo en la arena política y judicial. El rechazo municipal se suma a otra fisura: los aliados del oficialismo en el Congreso, cuyos votos fueron clave para aprobar el recorte, ahora desconfían de la Casa Rosada y exigen que la contraparte —un esquema de Zonas Cálidas para la electricidad en el norte— se consagre por ley y no por una resolución administrativa.

El comunicado de la FAM lleva la firma de su presidente, Fernando Espinoza, y de los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García. La entidad, que nuclea a intendentes de distinto color político, sostuvo que el ajuste llega “en un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos” y que anula “un derecho adquirido” que atenuaba el costo de la calefacción. En el texto hablan de “enorme daño a millones de usuarios de gas” y de “otro ataque insensible” del Ejecutivo.

La FAM, con más de 500 intendentes, cruzó la reforma del Senado al régimen de Zona Fría. En paralelo, aliados del norte exigen que el esquema de Zonas Cálidas salga por ley y no por resolución.

La reforma, parte del paquete energético del Gobierno, no elimina por completo el régimen histórico. Patagonia, Malargüe y la Puna conservan un tratamiento diferencial. El cambio de fondo apunta a las localidades incorporadas en la ampliación de 2021: allí el descuento dejará de ser automático y quedará condicionado a que el hogar cumpla los criterios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Estimaciones que circulan en el debate técnico hablan de más de 1,6 millones de usuarios en más de 90 municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza que podrían perder la asistencia si no ingresan al padrón focalizado.

El SEF, creado por decreto en 2025, unifica subsidios de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP para hogares vulnerables. Excluye a quienes registren ingresos netos superiores a tres Canastas Básicas Totales y habilita a Energía a mirar indicadores patrimoniales. Además, el subsidio dejará de calcularse sobre la tarifa total y pasará a aplicarse sólo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, antes de transporte, distribución, tasas e impuestos. Incluso quienes mantengan el beneficio podrían ver un impacto distinto en el monto final de la boleta.

El Ejecutivo sostiene que el esquema ampliado en 2021 dejó de ser sustentable y que obligaba a aportes del Tesoro. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea proyectó, a modo de ejemplo, que un hogar de Bahía Blanca con consumo promedio de 118 m³ mensuales pasaría de pagar cerca de $19.945 a unos $39.890 si pierde el beneficio. El mismo trabajo advirtió sobre aumentos abruptos y pidió gradualidad. En Bahía Blanca y Mar del Plata ya se anticipan presentaciones judiciales; otros distritos bonaerenses evalúan cautelares apenas se promulgue y se publique la norma.

La tensión política no se agota en los municipios. En el Congreso, legisladores de provincias del NOA y el NEA —cuyos votos destrabaron el recorte en el Senado— reclaman ahora blindar el compromiso de Zonas Cálidas. La Casa Rosada había acordado con gobernadores aliados avanzar en una tarifa diferencial eléctrica de verano vía resolución de la Secretaría de Energía, con plazo tentativo hacia fines de septiembre. Tras las idas y vueltas de la sesión, esos aliados perdieron confianza y empujan proyectos para que el esquema de Zonas Cálidas sea ley: hay iniciativas de Unión por la Patria, de la UCR (con firmas de Diógenes González y Guillermo Agüero) y del salteño Pablo Outes, más la definición del bloque radical en el Senado que encabeza Eduardo Vischi.

El peronismo se ausentó del recinto cuando se votó la reforma. La FAM eligió el comunicado y la pelea sostenida. Entre el malestar municipal, las cautelares en ciernes y el pedido de los aliados de pasar de “soluciones de gestión” a ley, el Gobierno logra un ahorro fiscal en gas, pero hereda un costo político que se medirá en boletas, tribunales y la próxima negociación energética con el interior.