El Gobierno oficializó la reforma de Zona Fría: las zonas ampliadas en 2021 pierden el descuento automático en el gas

El Gobierno oficializó este martes la reforma del régimen de Zona Fría. La Ley 27.828 y el Decreto 1161/2026 salieron publicados en el Boletín Oficial y dejaron firme un cambio que se venía cocinando desde hace semanas: vivir en una de las zonas que se sumaron al beneficio en 2021 ya no alcanza para tener el descuento en la boleta de gas.

El recorrido fue rápido. El Congreso sancionó la ley el 24 de septiembre, cuando el Senado la aprobó con 38 votos afirmativos y 8 negativos. La promulgación llegó el 9 de octubre y la publicación oficial, este 13 de octubre. La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Con la publicación de la Ley 27.828 y el Decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial, vivir en una zona sumada en 2021 ya no garantiza el descuento en el gas: habrá que estar en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir requisitos socioeconómicos. Patagonia, Malargüe y la Puna conservan el beneficio, pero sin el 50% fijo.

En términos técnicos, la reforma modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga varios artículos de la Ley 27.637, la que en 2021 había estirado el alcance territorial del régimen. El punto central quedó escrito con todas las letras: la residencia en "una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento".

¿Qué pasa ahora con esos hogares? Para seguir cobrando el beneficio van a tener que estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir con los requisitos socioeconómicos que fija la nueva ley. La bonificación adicional, además, se va a aplicar solamente sobre los llamados Consumos Base, así que no necesariamente va a cubrir todo el gas que se use en una casa.

Entre los criterios de acceso figuran ingresos familiares netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC; tener el Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares; que algún integrante cobre la pensión vitalicia para veteranos de Malvinas; o que tenga Certificado Único de Discapacidad. El beneficio, en cualquier caso, queda atado a las subzonas bioambientales que contempla la normativa del ENARGAS.

La Patagonia, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna mantienen un tratamiento diferenciado y conservan el beneficio. Pero hay un matiz importante: la ley elimina el porcentaje fijo del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos. A partir de ahora será el Poder Ejecutivo el que defina el alcance y las modalidades del descuento en esas zonas.

La cuenta que hace el Gobierno es fiscal. Según las estimaciones oficiales, el cambio permitiría ahorrar alrededor de 400 millones de dólares por año. Del otro lado del mostrador, el impacto alcanza a once provincias y a más de cuatro millones de personas que dejarían de tener el subsidio automático. Entre las zonas que quedan afuera de la ampliación hay municipios bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil y Olavarría, y departamentos y localidades de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja.

La ley tampoco resuelve todas las dudas. No fija un porcentaje concreto para la nueva bonificación adicional ni dice cuánto van a aumentar las facturas de quienes pierdan el descuento. Tampoco precisa cuántos hogares podrán conservarlo ni cuántos quedarán excluidos.

El paquete no se limita al gas. La norma incluye además un mecanismo de regularización de las deudas del mercado eléctrico mayorista.

Durante el debate en el Senado, la senadora Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, defendió el proyecto y sostuvo que las medidas apuntan a dar "mayor transparencia y orden del marco energético". "El proyecto ratifica la zona fría original y para el caso de zona ampliada pasa de un criterio de región geográfica a un criterio donde se incorpora el nivel socioeconómico de la familia y un consumo razonable, es decir subsidios focalizados", explicó.

Con la publicación en el Boletín Oficial, la discusión pasa ahora a la letra chica: cómo se va a reglamentar el acceso, qué porcentaje tendrá la bonificación y cuánto va a pagar de más cada hogar que quede afuera.